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Tras la disolución del Parlamento por parte del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, surgen nuevos encontronazos entre los pocos seguidores del mandatario y unos cuantos que piden al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que destituya a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien abrió una "indagación previa" contra los consejeros ante ciertos rumores en las redes sociales.
El accionar de la Fiscalía, ha sido duramente criticado por la gran mayoría de ecuatorianos, que considera un amedrentamiento a los funcionarios de elección popular del CPCCS.
El CPCCS no puede destituir a la fiscal, no puede destituir, cesar ni revisar las decisiones tomadas por el organismo en el periodo blindado por la Corte Constitucional, pero que se pretenda prohibir hacer control social y transparentar toda la información y ponerla a disposición de todos los ecuatorianos, eso es limitar una capacidad legal y constitucional del Consejo.
Todo esto ocurre después que Priscila Schettini, solicitara al Consejo información sobre el concurso y exámen de Salazar para ser nombrada fiscal general, ante sospechas de "fraude". Schettini es la esposa de Freddy Carrión, exdefensor del pueblo, quien recientemente cumplió dos años en prisión por un supuesto abuso sexual.